La quita del fideicomiso que desarrollaba la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina podría significar un duro impacto para el desarrollo productivo nacional.
La Ley 25.422 había sido sancionada el 4 de Abril de 2001 y fue modificada por la Ley 27.646, de octubre de 2021, que impulsó el régimen de promoción del ovino, incorporó a la llama y actualizó los presupuestos destinados al sector.
En el presupuesto del próximo año ya no estarían los recursos para la ganadería ovina, lo que podría generar graves consecuencias pequeños y medianos productores. Se trata de unos 850 millones de pesos.
Además, con la aprobación de la Ley Bases, el presidente Javier Milei cuenta con las facultades extraordinarias para eliminar los fideicomisos.
La embestida nacional sobre el sector ovino también incluirá el fin del Programa Lanar, que establecía el aporte de recursos para los productores inscriptos, con el objetivo de incentivar la producción local. A cambio, el Gobierno ofrecería un abanico de créditos.
Legisladores patagónicos advirtieron que la Ley ovina “no sólo promovió la producción, sino que también ayudó a que los productores y los trabajadores rurales puedan seguir manteniendo estables sus trabajos”
Lo único que sigue en pie es el programa ProLana, aunque muy por debajo del impacto inflacionario. El año pasado su presupuesto fue de 70 millones de pesos, y para el 2024 se calculó en 180 millones.
