Desde la Federación Lanera Argentina cuestionaron la decisión del Gobierno Nacional de quitar el financiamiento de la Ley Ovina y la calificaron como «una profunda decepción»
A través de un comunicado, señalaron que «la reciente decisión tomada por el Ministerio de Economía que cerró el Fondo Para La recuperación de La Ganadería Ovina» atenta contra una herramienta que «ayudó a mantener el tejido social, cultural y económico a través de un negocio sustentable y renovable».
«La Ley ovina fue instaurada en el año 2001 con la finalidad de promover la actividad ovina. En aquellos años los valores internacionales de la lana eran arbitrariamente bajos debido a las consecuencias de la eliminación de una nefasta política llevada a cabo por Australia durante décadas, que mantuvo la producción ovina en niveles exageradamente altos, mediante la garantía de precios mínimos de la lana (floor price)», argumentaron.
Desde la Federación expresaron que, «como consecuencia, Australia poseía entre producción y stock en manos del estado cantidades monumentales de un producto que el mundo tardo prácticamente una década en digerir hasta llegar a un nuevo equilibrio entre oferta y demanda»
«Esto trajo como resultado la erosión de los márgenes por parte de los productores ovinos en todo el mundo producto de los bajos precios», advirtieron.
Y agregaron: «La Ley Ovina se transformó en una Política de Estado que atravesó administraciones de todo signo político durante 23 años. El 70% de la ganadería ovina se sitúa en Patagonia, zona que tiene innumerables sobrecostos tales como el 20% de zona desfavorable en los salarios, distancias enormes para los traslados redundando en mayores consumos de combustible y desgaste de vehículos, falta de comunicaciones y caminos, etc».
«El ganado ovino es el que permitió poblar, generar arraigo y empleo en una amplia zona del país que de no ser por esta noble actividad se verían seriamente diezmadas con las consecuencias y repercusiones consabidas. La Ley Ovina fue considerada a todas luces una herramienta que ayudó a mantener el tejido social, cultural y económico a través de un negocio sustentable y renovable», fundamentaron.
La Federación sostuvo que «la cadena, con el innegable aporte de la Ley Ovina cuenta con un producto internacionalmente reconocido, que se exporta a más de 50 países»
«Además, el 80% en forma industrializada (70% tops-2% lavada- 8% blousse y otros), el resto o sea un 20% sucia. Se logró implementar un sistema de acondicionamiento y clasificación de las lanas (ProLana), contribuyendo a que pequeños y medianos productores valoricen su producto», enfatizaron.
Y añadieron: «Se lograron importantes hitos sanitarios tales como la declaración de las provincias de Chubut y Santa Cruz “libres se sarna” entre varios más. Sería injusto atribuir semejantes resultados únicamente a la Ley Ovina, pero consideramos tremendamente decepcionante que no se analice debidamente las potenciales consecuencias
descalificando alegremente sus impactos de la manera que se lo hizo».
«Somos conscientes de que el Estado debe aliviar su presión sobre una asfixiada sociedad, pero no es la Ley Ovina por donde debía incidir el bisturí. Queremos alertar que de no revertir dicha medida las consecuencias para el sector serán graves e irreparables», aseveraron.
