Tras el fin del régimen de promoción de la ganadería ovina, que ordenó el gobierno nacional, surge el debate sobre el fuerte impacto en el sector. El efecto de la «motosierra» impactó una vez más en el sector agropecuario y la agroindustria.
El gobierno del presidente Javier Milei resolvió por decreto la disolución de políticas de fomento destinadas a diversas actividades, principalmente ganaderas.
El decreto 408/2025 determinó la caída del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
La Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
Además, se determinó la finalización del Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, el Registro Nacional de Sericicultura, el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y la Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina.
La medida del Gobierno se incluye en el mandato del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), promulgado en diciembre de 2023.
Durante casi 24 años, la ley ovina había permitido que pequeños productores pudieran acceder a financiamiento, con créditos blandos o por aportes no reintegrables, para hacer potreros, galpones, captaciones de agua o mejoramiento genético.
El decreto presidencial determinó que “en este contexto, en el que las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”.
